■ Expertos valoran la adhesión al Acuerdo de Escazú, pero señalan que se debe trabajar en mejorar la coordinación entre ministerios, zonas de sacrificio, gestión del agua y nuevos proyectos de ley.

■ Respecto de si está cumpliendo con la expectativa de ser un gobierno ecológico, las opiniones están divididas.

El primer Gobierno ecológico que tendría Chile. Esa fue la promesa que estableció el Presidente Gabriel Boric previo a las elecciones presidenciales de 2021, donde fue elegido con apoyo de la coalición de izquierda Apruebo Dignidad y el Socialismo Democrático. Promesa que se reflejaría al establecer un modelo de desarrollo sustentable para el país, políticas públicas que consideren la protección del medio ambiente y una política exterior turquesa, con una perspectiva “verde” por la protección de la biodiversidad y “azul” por los océanos.

A un año de Gobierno, diversas figuras públicas vinculadas al medio ambiente evalúan la gestión, donde ven luces y sombras en estas materias. Paulina Núñez, senadora de Renovación Nacional (RN); Ezio Costa, director ejecutivo de la Fiscalía de Medio Ambiente (FIMA) y Alex Godoy, director del Centro de Investigación en Sustentabilidad (Cisger) de la Universidad del Desarrollo (UDD), si bien valoran avances, coinciden en que falta profundizar en coordinación interministerial, institucionalidad, eliminar los combustibles fósiles, mejorar la gestión del agua y concretar la reforma al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

Entre los principales hitos de este primer año, están la promulgación de la Ley Marco de Cambio Climático (LMCC); la adhesión del país al Acuerdo de Escazú; la primera norma de olores de la industria porcina; avances en la normativa de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (Ley REP); la creación de corredores marinos en el Océano Pacífico en el marco de la Cumbre de las Américas y el ingreso del proyecto de ley para utilizar aguas grises en riego.

Además, se espera que este año se apruebe el proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), que lleva 11 años de tramitación en el Congreso.

Puntos a favor

Alex Godoy, de Cisger, valora las iniciativas encabezadas por la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, particularmente por la firma del Acuerdo de Escazú, que establece la participación ciudadana y el acceso a la información y justicia ambiental. “Era parte de su promesa de campaña desde un inicio”, dice.

En una línea similar, la senadora de la Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Bienes Nacionales del Senado, Paulina Núñez, sostiene que “logramos hacer un muy buen trabajo colaborativo con la ministra Rojas, que entiende que hay que trabajar transversalmente y siguiendo los planes de Gobierno, pero que también había que enfocarse en mociones que queríamos trabajar nosotros”.

Agrega que esto facilitó la puesta en marcha de otros proyectos de la agenda legislativa de medio ambiente y cambio climático, como el de zonas latentes y saturadas.

Por su parte, Ezio Costa de FIMA, destaca aspectos regulatorios, como la adhesión al Acuerdo de Escazú, la ratificación de la LMCC, los avances en la tramitación del SBAP y la reforma al Código de Aguas. También valora la elaboración de guías para el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).

Temas pendientes

Los expertos evalúan positivamente la gestión de la ministra Rojas, sin embargo, coinciden en que se debe trabajar en temas relacionados con la gestión propia

de la admnistración central.

“El trabajo de la ministra ha estado aislado respecto de lo que el Gobierno está empujando. Hay cuestiones de fondo que todavía no tienen respuesta, como lo que está ocurriendo en las comunidades con la quema de la basura o el ordenamiento territorial para dejar de lado las zonas de sacrificio”, comenta la senadora Núñez.

En tanto, Godoy afirma que esta administración no ha tenido una agenda legislativa propia en medio ambiente, ya que “casi todos los proyectos que se han aprobado venían de los gobiernos anteriores. Falta que ingresen una batería de proyectos, para avanzar en temas como agua”.

Los tres expertos sostienen que falta fortalecer la institucionalidad medioambiental del país, pero difieren en el tipo de entidad o entidades que habría que crear o reforzar.

Núñez señala que una vez que finalice la tramitación del proyecto de ley SBAP, que estima será durante este primer semestre, “priorizaremos avanzar en la modernización del SEIA, y en subir las exigencias de la SMA (Superintendencia del Medio Ambiente). Avanzar en la fiscalización es vital para mejorar la gestión ambiental”.

En esa misma línea, Costa alerta que es “problemático” que aún no se reforme el SEIA, y que lo que debiese tener mayor urgencia para el Gobierno es en torno al agua. “Se esperaba que la nueva Constitución resolviera en buena parte los problemas del agua, pero al no aprobarse, estamos todavía con ese déficit en términos institucionales”, advierte Costa.

Godoy afirma que el trabajo en la institucionalidad debiese apuntar a mejorar la coordinación entre los ministerios, “ya que las leyes vinculadas a medio ambiente pueden emanar de varios, como Hacienda o Economía, que muchas veces no están coordinados en seguir la misma línea establecida”.

Agrega que este trabajo de coordinación se requiere para “poder delimitar la política industrial, en un contexto mundial de cambios geopolíticos. Chile es un país con implicancias a nivel mundial en términos de minerales y materias primas, pero que es vulnerable al cambio climático. Frente a la demanda de estos materiales, hay que definir cómo se desarrollarán el hidrógeno verde, el litio y el cobre a largo plazo, incluyendo los avances tecnológicos”, dice Godoy.

¿Gobierno ecológico?

Al analizar si el Gobierno ha sido ecológico, los expertos tienen diferencias.

Godoy, de Cisger, afirma que no está cumpliendo con las expectativas de una administración ecológica, principalmente porque sigue aplicando el Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles (Mepco). “Se supone que a nivel global debiéramos desincentivar el subsidio a los combustibles fósiles”.

La senadora Núñez tampoco considera que sea ecológico.

“Si un gobierno decide definirse como tal, por ejemplo, no puede llegar y anunciar el cierre de Ventanas, y que casi un año después, todavía no haya medidas concretas para proteger la salud y el medio ambiente en esa zona. No veo dónde está ese sello distinto que supuestamente tendría este gobierno, a diferencia de los anteriores, al definirse ecologista”.

Costa, de FIMA, en tanto, señala que el concepto de ecológico le produce “dudas” en torno a su significado al aplicarse a un gobierno en particular.

No obstante, afirma que la administración de Boric “sí ha mostrado una preocupación ambiental que sin duda es mayor que la que hubiera tenido el gobierno del otro candidato, o del gobierno anterior”.