El cobro de las contribuciones de bienes raíces continuará en el debate en los próximos días. Esto, luego de que el Consejo Constitucional aprobara, en una de sus comisiones, eximir del impuesto a la vivienda principal de los contribuyentes, norma que será sometida a votación del pleno del organismo en las próximas semanas.

Varios actores han criticado la medida y, desde el mundo privado, se han sumado a la discusión, como la Cámara de Comercio de Santiago.

Ahora es el turno de uno de los principales actores del mercado de consultoría inmobiliaria, como lo es Colliers.

La consultora del área de Desarrollo y Regularizaciones de la firma, Daniela Olmos, plantea que más allá de la enmienda aprobada en comisión -impulsada por el Partido Republicano-, hay un punto a discutir respecto del impacto del tributo a los bienes raíces en los contribuyentes, especialmente en los de más bajos ingresos.

“En varias comunas de clase media y que han tenido plusvalía en los últimos años, más del 25% de las personas pagan contribuciones y no siempre tiene la contraprestación acorde con lo que se paga”, argumenta.

Primero, hay que partir por reconocer que el tributo territorial es una suerte de “impuesto al patrimonio”, señala, el cual tiene un “efecto negativo, especialmente en los adultos mayores”, ya que muchas veces estos segmentos de la población no generan nuevos ingresos y tienen que seguir pagando un tributo que se ha visto incrementado “en forma importante” en el último tiempo.

Una de las medidas que debiera considerarse, dice Olmos, es no continuar perseverando en cambios tributarios que afecten al sector inmobiliario. Recuerda que, en las reformas impositivas de 2014, 2018 y en la que se legisló en 2021 para financiar la Pensión Garantizada Universal (PGU), se limitaron o derechamente eliminaron beneficios fiscales para el sector.

En dichos procesos, a su juicio, los inmuebles se han visto “fuertemente afectados”, ya sea por el aumento de contribuciones, la sobretasa (que subió casi al doble el último año), IVA, coartar el crédito especial de la construcción, entre otros.

En su opinión, recalca, “seguir encareciendo el acceso a la vivienda no va en la línea correcta”.

¿De qué manera se puede amortiguar el efecto? Olmos menciona acciones “inmediatas”, como por ejemplo, que los contribuyentes evalúen en conversaciones con el Servicio de Impuestos Internos (SII) si están pagando el tributo a los bienes raíces que les corresponde y mantener los datos al día.

De acuerdo a la experiencia de la empresa, las razones más comunes de diferencias son desactualizaciones de superficie de terreno o restricciones para la construcción, como áreas de afectación a utilidad pública. “Subsanado eso, podrían apelar a rebajas de lo que actualmente pagan”, plantea.

Una segunda medida es organizar el historial de pagos: “Si por algún motivo no han podido pagar el total de sus cuotas, la Tesorería General de la República cuenta con la opción de efectuar convenios de pago. En este caso, el requisito es que sea un solo ROL a la vez y con un mínimo de deuda de 1 UTM”, agrega.

Universo de viviendas

Colliers estima que, de aplicarse la enmienda, entre 750 mil a 1,3 millones de viviendas serían beneficiadas, lo que involucra a más de 5 millones de personas.

La consultora estima que la mayor proporción de inmuebles que pasarían a estar exentos se concentran en sectores medios y altos.

“Sin embargo, debido al aumento de los avalúos fiscales y plusvalía en sectores medios en los últimos 20 años, este tributo se paga a lo largo del país y no solo en el sector Oriente de la Región Metropolitana. Algunas de las comunas que más pagan son Santiago, Viña del Mar, Ñuñoa, Antofagasta, Pudahuel, La Serena, Iquique, La Florida, Concepción, La Reina y Temuco”, agregan.