Las sociedades desiguales tienden a tener mayores niveles de criminalidad. Ese es uno de los pocos hallazgos robustos de una extensa literatura que ha analizado a nivel micro y macroeconómico las interacciones entre seguridad, desigualdad, pobreza y crecimiento económico.

Chile constituía una excepción en esta robusta relación a nivel de países. Pese a presentar indicadores de desigualdad decrecientes, aunque aún altos, la criminalidad era particularmente baja hasta hace unos pocos años. Actualmente, la percepción de menor seguridad se ubica entre las principales preocupaciones ciudadanas, y en el primer semestre la cifra de víctimas aumentó 22% comparado con el mismo período de 2021. Cabe poca duda de que nos encontramos en una crisis de (in)seguridad.

Según diversos autores, los individuos distribuyen tiempo entre actividades criminales y de mercado evaluando la relación costo y castigo esperado (Becker, 1968; Ehrlich, 1975, y muchos otros posteriormente). Sin embargo, la causalidad entre desigualdad, crecimiento económico y pobreza no es bidireccional, así como su interacción con la criminalidad. Se trata de relaciones que se alimentan mutuamente. Para algunos se trataría simplemente de atacar la desigualdad, pero dicho aspecto es cuestionable, si reconocemos que la criminalidad podría estar determinada por diversos factores.

Hoy por hoy, cuando hay consenso en torno a que debemos atacar la desigualdad -y con mayor énfasis la pobreza, ante el impacto de la pandemia-, también cabe revisar los énfasis del gasto público, ya que permitir que la criminalidad y la sensación de mayor retorno esperado de este tipo de actividades se transformen en algo estructural, puede más que compensar cualquier logro redistributivo en términos de desigualdad.

El énfasis del presupuesto de la nación para 2023, que ante un cuestionable incremento del precio referencial del cobre crecería entre 4% y 5%, estaría en mejorar pensiones y salud con un buen foco en inversión pública (que ojalá se ejecute eficientemente a diferencia de lo ocurrido este año). Bienvenidos estos énfasis. Sin embargo, también es esperable un incremento importante del gasto en policías e inteligencia, así como de recursos focalizados con ese objetivo a nivel de municipalidades. Más aún, dicho incremento debe venir de la mano de una señal de aumento permanente. Que no se trate de un incremento esporádico, pues la racionalidad temporal de la criminalidad supera períodos anuales.

El daño colateral que puede causar una economía alicaída o en franca recesión sobre los índices delictuales (ya altos) va desde importantes desincentivos al empleo hasta desincentivos a la acumulación de educación, particularmente en los segmentos de menores ingresos. Estas serían “pandemias” difíciles de erradicar, pues no existe una única vacuna disponible para países donde la violencia, criminalidad e inseguridad se hacen endémicas.

“Permitir que la criminalidad y la sensación de mayor retorno esperado de esta actividad se transformen en algo estructural, puede más que compensar cualquier logro redistributivo en términos de desigualdad”.