Tras más de un año de preparación del proyecto de ley más esperado en la vereda medioambiental desde el punto de vista de la inversión, de forma unánime, el viernes el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático aprobó la propuesta de reforma a la ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente que involucra el fortalecimiento territorial, mejoras a la reparación por daño ambiental, y la esperada modernización al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

Mientras resta el paso del texto por la Segpres y la Dipres, la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, aborda con Diario Financiero sus expectativas de la que sería la reforma más avanzada de los cuatro proyectos que son parte del pacto fiscal que está impulsando el Gobierno que tienen que ver con aspectos como permisos sectoriales y concesiones marítimas.

- ¿Qué permite que ahora este proyecto sí pueda tener un mayor avance, considerando que las iniciativas pasadas ni siquiera llegaron a votarse?

- Hay un alto nivel de consenso entre todos los actores de lo que finalmente quedó en el proyecto. Además, esto ahora es parte del pacto fiscal y ahí hay un foco de que esto sin bajar los estándares medioambientales ayude a que los procesos de evaluación para proyectos de inversión mejoren. Mirando los datos de las cosas que han ocurrido en los últimos años podemos disminuir como en un tercio el tiempo de la tramitación. Esa es nuestra meta.

- ¿Los parlamentarios coinciden con las propuestas más relevantes de la reforma al SEIA como la eliminación del Comité de Ministros y las Coevas?

- Sí, diría que hay coincidencias. El Comité de Ministros viene después de que ya está la Resolución de Calificación Ambiental (RCA). Es la parte de afuera de la evaluación propia, en la parte de la reclamación, pero es la Coeva es la que finalmente da la RCA. Ahí igual hay dudas de cómo fortalecemos el SEA para que este tránsito de ir eliminando la parte política fortalezca la parte técnica.Pero en todos los elementos que se propone reformar hay hartos que ayudan a fortalecer la parte técnica para que tengamos en el fondo certeza, seguridad de que la evaluación se puede hacer de mejor manera de lo que se hace hoy.

- ¿Y dónde cree que puede estar la mayor dificultad para sacar adelante esta reforma?

-No sé si estoy siendo demasiado optimista, pero en todas las conversaciones que hemos tenido todo el mundo queda bastante contento, con algún aspecto como para decir ‘sí, esto es bueno’. Recordemos que aquí no solamente se trata de tiempos y de plazos, sino sobre todo lo importante acá es tener certeza, que una vez que uno ingresa a un sistema sabe cómo va a salir y más o menos cuándo va a salir.

- ¿Cómo se materializa la reducción de la judicialización y la conflictividad?

- Por un lado, tenemos un sistema de reclamación muy complejo, pero la idea ahora es simplificarlo para evitar estos tiempos excesivos. La reclamación administrativa que hasta hoy tenía como última instancia el Comité de Ministros; ahora lo verá el director o directora ejecutiva a nivel central del SEA y se garantiza de que el SEA tenga que cumplir con los plazos.

Se está permitiendo mayor espacio para participación en declaraciones de impacto ambiental (DIA) cuando sea solicitada, pero quitándole una cantidad importante de restricciones que hoy los tribunales ambientales no están acogiendo. También está la participación temprana que la estamos incluyendo en este momento como voluntaria.

Hay otro instrumento que también estamos reforzando que ya existe que es la evaluación ambiental estratégica. Hacemos algunos cambios para que se utilice más y para ese tipo de proyectos se ofrece una disminución de plazo en la evaluación de un 30%.

- Sobre el procedimiento voluntario de participación temprana, ¿por qué será solo voluntario?

- Los grandes proyectos ya lo hacen, pero cada uno lo hace según sus propios criterios. Ahora esto se reglamenta. Aunque sea voluntario esperamos que tenga como un sello de calidad distinto que debiera ayudar después para la etapa también de judicialización, etcétera. Como no encontramos consenso, decidimos dejarlo como voluntaria para generar experiencia en el país. Esto es algo que se podrá revisar unos cuantos años más.

- El Gobierno tiene el diagnóstico que las consultas de pertinencia no deberían seguir existiendo al no agregar un valor especial...

- El año pasado, más o menos ingresaron 600 proyectos para evaluación y el SEA tuvo que tramitar como 2.700 consultas de pertinencia. En estos momentos, el SEA le está dedicando más tiempo a resolver consultas de pertinencia que a evaluación de proyectos. Y no se demora poco tiempo: en promedio estamos hablando de 180 días. Y hay un subconjunto en que 35% de esas consultas se refieren a proyectos existentes donde hay una modificación.

El SEA está gastando una cantidad muy importante de recurso humano en mirar estas consultas de pertinencia, con muy poco valor agregado en temas medioambiental, porque al 98% tiene que ver con las modificaciones que el SEA le dice que no tiene que ingresar al sistema. Para esos casos estamos proponiendo que esto se reemplace por una declaración jurada, que sea el propio titular el que haga su evaluación. Esa declaración queda en el expediente y puede ser fiscalizable por la Superintendencia.

“No sé si estoy siendo demasiado optimista, pero en todas las conversaciones que hemos tenido todo el mundo queda bastante contento, con algún aspecto como para decir ‘sí, esto es bueno’”.