Más de cinco meses han transcurrido desde el ingreso por parte del Gobierno del proyecto de ley de gas licuado de petróleo (GLP) al Congreso. Y, si bien la contingencia ha estado concentrada en el debate para estabilizar las tarifas eléctricas y el articulado de transición energética, sigue su marcha la mesa técnica de trabajo que comprometieron las autoridades para discutir y generar consensos respecto al contenido del polémico texto sobre el gas.

A la séptima sesión de las 10 programadas por la instancia, realizada el 26 de octubre, llegaron las municipalidades, actores clave en la relación del GLP y sus clientes cuando son cada vez más las alianzas que sellan los municipios con empresas para lograr precios más económicos.

La directora de Relaciones Internacionales de la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH), Andrea Molina, expresó su preocupación, en particular, por los posibles riesgos asociados al proyecto de ley como, por ejemplo, los costos adicionales de llegar con el cilindro de GLP hasta el vecino y el traspaso de estos al cliente final. En ese aspecto, la exdiputada dijo que se está viendo el aumento de robo de cilindros, añadiendo que hay costos que el informe de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) no contempla.

El precio también fue recogido por el secretario ejecutivo de la Asociación, Andrés Santander, quien señaló que el objetivo de bajar los precios no está considerado en el articulado.

De hecho, Santander advirtió que se debe tener cuidado con que, al cumplirse el objetivo del proyecto de ley, no se logre bajar el precio de los cilindros de GLP, puesto que este articulado afecta más a familias de bajos recursos, ya que las familias de mayor poder adquisitivo están conectadas a redes de gas natural.

Un punto que se instaló en el debate es el artículo quinto transitorio del proyecto considerando que parte de lo que se señala es que la vigencia de los convenios suscritos con anterioridad a la publicación de la ley entre distribuidores de GLP y organismos públicos o privados que impliquen un menor precio de venta de cilindros subsistirán por el plazo de 18 meses. Para la AMUCH los actuales descuentos se logran porque la cadena de suministro está integrada, lo que se perdería con el proyecto de ley.