“Están quebradas” y “han sido un acierto”. Así de contradictorios son los comentarios que genera el solo hecho de hablar de las farmacias populares, una iniciativa impulsada desde la Municipalidad de Recoleta en 2015 con el fin de dar acceso a la población a medicamentos a un precio menor que en el comercio tradicional.

Las disímiles miradas encuentran explicación en la liquidación forzosa que ordenó la justicia de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp), una entidad con la cual solo comparte el nombre y algunos de sus integrantes. Pero los carriles son distintos.

Para que desaparezcan las farmacias populares o comunales, “tendría que quebrar la municipalidad y eso no es posible; la Constitución y la ley quieren que la municipalidad exista y desarrolle sus funciones”, afirma el abogado constitucionalista José Manuel Díaz de Valdés.

En cambio, las asociaciones municipales, como lo estipula la Ley 20.527, son agrupaciones de dos o más municipios que se unen para solucionar problemas comunes, que pueden gozar de personalidad jurídica de derecho privado, en este caso adquirir insumos médicos. No todas las municipalidades con farmacias pertenecían a esta entidad y no por el hecho de pertenecer, desaparecerán. (ver nota relacionada)

La idea original

El administrador público de la U. Central, Marco Fernández, fue el primer gerente general de la farmacia de Recoleta y su principal impulsor. La idea original era formar una cooperativa de pacientes crónicos para la importación de medicamentos desde el extranjero, particularmente de Mendoza.

En el proceso fue clave la asesoría del Instituto de Salud Pública (ISP), quienes les revelaron el antecedente de una farmacia de pacientes que había sido autorizada en un hospital. Con eso, decidieron reformular el proyecto e impulsar una farmacia municipal.

Contra todo pronóstico del mismo Fernández, hubo una consulta de la municipalidad de Panguipulli en febrero de 2016, y la Contraloría respondió con un dictamen que autorizaba las farmacias comunales como parte de la atención de salud primaria de la propia municipalidad.

A esa altura ya estaban coordinados con varios alcaldes, además del ISP, Cenabast y el Ministerio de Salud a través de la División de Política Farmacéutica, quienes empezaron a desarrollar una estructura más formal para poder entregarla a distintos municipios.

El concepto se inspiró en Brasil, pero allá es una política pública para un grupo determinado de personas.

Siguiendo los pasos de Recoleta, al menos 51 municipios anunciaron que durante la primera mitad de 2016 lanzarían un recinto de este tipo. El primero fue Viña del Mar (UDI) en enero y otros como Arica (Pro), Huasco (PPD), Freirina (PS), Coquimbo (DC) y Cauquenes (RN), rápidamente se sumaron al listado. Al cierre de ese año, 118 farmacias populares obtuvieron la resolución del ISP para abrir sus puertas.

“La forma de blindar el proyecto era poder ayudar a que la mayor cantidad de municipios abrieran farmacias lo más rápido posible. Yo asesoré a más de 80 alcaldes”, recuerda Fernández.

Un pivote adicional surgió en 2019. Para combatir los altos precios de los remedios en el sector privado y el incumplimiento de algunas cadenas respecto a la disponibilidad de bioequivalentes, el Gobierno dio a conocer el Plan Nacional de Medicamentos en el que dispuso la instalación de farmacias populares en las zonas donde estaban ausentes.

A la fecha, existen 212 farmacias,

■ Siete años han pasado desde la aparición de este tipo de establecimientos ligados a las municipalidades. El modelo, que se calcula ha logrado reducir en un 66% los precios de los medicamentos, se ha replicado en 170 comunas.

ubicadas en 170 comunas a lo largo del país, informa el ISP. Un 27% está en la Región Metropolitana y las demás están repartidas desde Arica hasta Punta Arenas.

El requisito general para comprar en ellas es inscribirse previamente y ser residente de la comuna.

Cómo llegan a los precios más bajos

Las farmacias populares venden remedios en promedio a un tercio del precio que lo hacen las privadas. Este es un asunto no menor para sus usuarios, considerando que el 38,5% del gasto de bolsillo que realizan los hogares en Chile se destina a medicamentos -de los más altos en la región y el mundo-, según datos del Centro de Estudios Públicos de 2016 y muy similar al 32,8% identificado por la OCDE.

¿Cómo logran valores menores? La mayoría de las compras de municipalidades o corporaciones municipales son intermediadas por la Central Nacional de Abastecimiento (Cenabast) a través de licitaciones. Aquí no hay fines de lucro.

“Lo que se hace es que no se le carga al precio a las personas todo el costo de la farmacia, ese costo lo asume la municipalidad”, explica la alcaldesa de Peñalolén Carolina Leitao y presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM).

En su caso, dice que destinan alrededor de $ 70 millones al año para mantener las farmacias.

“Hoy estamos vendiéndoles a las farmacias casi $ 40 mil millones al año, eso significa que al menos $ 100 mil millones dejan de salir de los bolsillos de los chilenos”, indica el jefe del Departamento de

Un 27% está en la Región Metropolitana y las demás están repartidas desde Arica hasta Punta Arenas.

El requisito general para comprar en ellas es inscribirse previamente y ser residente de la comuna.

Operaciones de Cenabast, Jaime Espina. En la actualidad, Vitacura es el municipio que más compra a través de este modelo, seguido por Talca y Osorno.

Dos factores juegan a favor de Cenabast, destaca el doctor en Economía de Berkeley, Felipe González, quien participó de un estudio sobre el mercado de los medicamentos en Chile: las cantidades y la buena reputación del Estado como cliente. Al agrupar toda la demanda del sistema público del país, el precio cae.

Comprar barato y vender barato

“No se está creando un déficit porque están comprando barato y vendiendo barato. Al laboratorio también le interesa tener una buena relación con el Estado porque va a estar siempre y no va a quebrar”, dice González.

Al igual que las farmacias comerciales, estas deben contar con todos los medicamentos establecidos por el Petitorio Nacional Farmacéutico, que consiste en 239 productos, lo que es fiscalizado por la Seremi de Salud y el ISP.

“La relación es súper sana en las farmacias populares desde el punto de vista del pago y si no lo fuera, los laboratorios podrían suspender despachos, eso está dentro de las reglas del juego con Cenabast y, por eso, se preocupan de estar muy al día”, confirma Espina.

Cada municipio tiene comportamientos de pago distintos con Cenabast. Algunos facturan directamente a los laboratorios y también deben pagar una comisión a la Central, un 7% del precio de cada medicamento.

“La diversidad entre municipios es tremenda. Es muy difícil estandarizar, porque hay municipios que son muy buenos gestores y otros que no”, reconoce Mariela Formas, vicepresidenta ejecutiva de la Cámara de Innovación Farmacéutica (CIF).

De todas formas, el trato de farmacias comunales con laboratorios es el mismo que reciben las otras, sean de cadena o independientes. Estas deberían acceder a un mismo listado de precios, por lo que las diferencias que se pueden dar son sólo en función de las políticas de descuento, ya sean por pronto pago o compra en volumen.

“Si se mantienen en el modelo de Cenabast para cubrir los costos, no hay ninguna razón para que desaparezcan”, concluye González.

Desde Cenabast califican las farmacias populares como una política exitosa y los laboratorios quieren seguir colaborando con ellos. “Nuestro foco son las personas y por ello apoyamos las medidas que apunten a favorecer su acceso a los medicamentos”, dice María Angélica Sánchez, vicepresidenta ejecutiva de la Cámara Nacional de Laboratorios (Canalab).

El peso de la estrategia comercial

El estudio en el que participó González reveló que los medicamentos ofrecidos se venden en promedio un 66% más baratos que en las farmacias privadas, donde destacan Cruz Verde, asociada a la mexicana Femsa; Ahumada, de la estadounidense Walgreens y la nacional Salcobrand, con una participación de mercado del 80%, según la Fiscalía Nacional Económica (FNE).

¿Por qué la diferencia? Un estudio de la FNE reveló que las cadenas de farmacias pagan en promedio un 70% más en sus compras de medicamentos a los laboratorios que el sector público y un 60% más que los compradores privados institucionales, por ejemplo, las clínicas.

La hipótesis para explicar esta brecha es la estrategia comercial, pues las grandes priorizan tener una gran variedad de una misma categoría de medicamento mientras que el Estado y los compradores institucionales privilegian el precio y sacrifican variedad. Influye en esta dinámica que los médicos recetan fármacos con nombres de fantasía en vez de su principio activo, situación que debería cambiar con la Ley de Fármacos II, que se encuentra en trámite en el Congreso.

De todas formas, las farmacias comunales se han hecho sentir. Las ventas de las farmacias privadas bajaron 4% y un 5,4% en el caso de las enfermedades crónicas.

La próxima apertura será en Maipú

Más decidor, quienes tomaron esta opción de compra se estima que redujeron su gasto en US$ 140 anuales, cifra que sube a US$ 538 por año para personas con enfermedades crónicas.

Pese a lo anterior, estos establecimientos exhiben algunas debilidades frente a sus competidores: exigen mayores tiempos de traslado -la distancia media a una de estas farmacias es de dos kilómetros, en comparación a otras que rondan los 600 metros-, una menor variedad de medicamentos y horarios más acotados.

Pese a ello, la encuesta IPSSUS realizada por la Facultad de Medicina de la Universidad San Sebastián entre 208 personas en 2017 concluyó que el 35% de los usuarios acuden porque en el consultorio respectivo no tienen su medicamento; un 82% considera que los remedios requeridos son más baratos y un 78% que los entregan de forma inmediata.

Todos factores que probablemente están detrás de la decisión de Municipalidad de Maipú, una de las zonas más populosas del país -con 600 mil habitantes- que tiene programada la apertura de una segunda farmacia.

Las farmacias populares venden remedios en promedio a un tercio del precio que lo hacen las privadas. Un asunto que no es menor para sus usuarios, considerando que el 38,5% del gasto de bolsillo que realizan los hogares en Chile se destina a medicamentos.