La demanda que interpuso MBI establece que entre 2016 y 2020 el querellado dispuso que CGB ejecutara una serie de contratos de suscripción y compraventa de acciones, “todos los cuales son simulados, ya que la real voluntad del controlador fue sacar activos de CGB y en ningún caso adquirir las referidas acciones”.

El escrito añade que esta serie de contratos de traspasos de acciones ascendieron a “un monto total aproximado a los $164.735.000.000. Significó un vaciamiento del patrimonio de CGB realizado en perjuicio de los bonistas”. “En conclusión, el emisor del bono fue despojándose de todo su activo”, se lee ahí. Por ello MBI plantea que en la querella que el monto del perjuicio es de, “al menos”, unos US$50 millones.

Saieh respondió el domingo pasado en El Mercurio. Dijo que “desconozco con qué fundamentos llegan a esas cifras. (...) Lo importante es que ellos participaron en el acuerdo que puso término al juicio en Estados Unidos y todo acuerdo nace para ser cumplido”. Reveco, por su parte, señaló en La Tercera que

“no corresponde calificar lo ocurrido como un vaciamiento del patrimonio. El problema de fondo es que el activo subyacente de CGB, que correspondía a acciones del Banco Itaú Corpbanca disminuyeron de valor de manera importante por un bajo rendimiento del banco. Esa disminución de valor impidió -finalmente- que se haya podido pagar el bono en los términos originalmente pactados. Ello estuvo fuera del control de CGB”.