SQM ADMITE PRESIÓN COMPETITIVA POR CREACIÓN DE LA EMPRESA NACIONAL DEL LITIO

2022-11-20T08:00:00.0000000Z

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Diario Financiero

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POR DENTRO

Varias veces el Presidente Gabriel Boric ha participado en reuniones para discutir el modelo que sustenta la Empresa Nacional del Litio de Chile. Y según reveló la ministra de Minería, Marcela Hernando, a DF MAS, en los próximos días tendrá en sus manos la propuesta definitiva, donde se establecerá cómo operará y qué estructura tendrá. Pero la existencia de esta compañía estatal no deja indiferente a la competencia directa. Hace pocos días, en una comunicación al Sindicato Nº1 Interempresas de SQM, la compañía controlada por el grupo Pampa y la china Tianqi admitió que la nueva Empresa Nacional del Litio puede lesionar su posición competitiva en el mercado mundial de este mineral, objeto del deseo de consorcios chinos, canadienses, australianos y de todas las nacionalidades, que han desfilado durante todo este año por las dependencias de los ministerios solicitando información y dándose a conocer, en un intento de lograr influir en las decisiones estratégicas sobre este valioso mineral. Estos movimientos no han quedado fuera del radar de SQM, la mayor compañía privada del país, que en los primeros nueve meses del 2022 logró utilidades por US$ 2.755,3 millones, 10 veces más altas que las reportadas a igual lapso de 2021. Los ingresos de enero a septiembre del año llegaron a US$ 7.577 millones y el aporte al Fisco ascendió a US$ 3.600 millones, superando de esta forma lo entregado por Codelco al Estado en dicho lapso, que ascendió a US$ 2.606 millones. En el documento denominado “Fundamentos de la respuesta” de la propuesta de contratos colectivos, donde las organizaciones solicitaban alzas en sus remuneraciones que iban entre el 10% y el 25% dependiendo de la antiguedad y el nivel de sueldo, la empresa se sinceró con las organizaciones de trabajadores y en un texto al que tuvo acceso DF MAS, la firma señala que “es sabido que el gobierno y el proyecto de Constitución han puesto en discusión la creación de una Empresa Nacional del Litio, lo que puede considerarse como competencia directa a la administración que realiza SQM Salar SA de la actual concesión (en el Salar de Atacama), generando incertidumbre en continuar operando y si hacerlo sería una opción suficientemente competitiva en costos”. Y es que la Empresa Nacional del Litio tiene considerado aglutinar las concesiones del Estado en casi 60 salares desde Tarapacá a Coquimbo, con asociaciones con capitales privados en una fórmula que aún se está decidiendo y en donde el Presidente Boric tiene la última palabra, han explicado en Minería. El lado B del litio SQM también compartió una visión menos optimista de la situación del mercado del litio en un documento enviado a los sindicatos el 14 de noviembre pasado, lo que se explica por su interés en justificar alzas acotadas en los contratos colectivos de los supervisores. En el documento enviado a los sindicatos se señala que “si bien hoy el litio (de SQM) goza de una posición aventajada, con el 21% de participación en el mercado, recordemos que es una situación que puede estar expuesta a cambios, especialmente en la medida que el resto de los competidores superen la inercia post Covid y comiencen a aumentar participación de mercado con nuevos proyectos de producción de litio”. Agrega que “dado el esperado aumento en la oferta de litio es posible que los precios puedan estabilizarse en valores inferiores al peak alcanzado este año, por lo que no es posible comprometerse a un aumento de costos fijos que dejen a nuestros productos por fuera del mercado”. Y añade: “por la misma razón de mantener y consolidar nuestra participación en el mercado, es de conocimiento público las importantes inversiones que ha realizado la empresa”. Un nuevo conflicto se desató en la industria inmobiliaria. Ahora, la Municipalidad de Lo Barnechea sostiene que un proyecto con 54 exclusivas casas eludió el Sistema de Evaluación Ambiental. La empresa, que vende las viviendas en más de 33 mil UF con la idea de entregarlas el primer semestre del próximo año, rechaza la acusación, al igual que la Superintendencia del Medio Ambiente. El litigiO llegó al Tribunal Ambiental. Una nueva obra inmobiliaria está bajo la lupa de la autoridad. El epicentro, en este caso, es el denominado Cerro del Medio de Lo Barnechea. En un lote de 11,4 hectáreas, la empresa Miradores de La Dehesa SpA está desarrollando un proyecto habitacional compuesto por 54 casas, denominado Roof y que se ubica en Nueva La Dehesa 12.090. Las viviendas tienen un precio desde las 33.590 UF, equivalente a $ 1.166 millones, con la idea de ser entregadas a sus propietarios durante el primer semestre del próximo año. No obstante, el municipio de Lo Barnechea, que encabeza Cristóbal Lira, recurrió al Segundo Tribunal Ambiental de Santiago en octubre pasado, para que éste ordene a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) iniciar un procedimiento sancionatorio en contra de la empresa y requerir el ingreso del proyecto al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Además, pidió que, mientras se resuelve el fondo, la obra sea paralizada. El tribunal ya declaró admisible la reclamación y solicitó informes a la SMA. Su fallo (aún pendiente) puede ser apelado ante la Corte Suprema. El proyecto -diseñado por la oficina 2RS Arquitectos Asociados y a cargo de la firma h. Constructora- es de propiedad de Urban Investment (Urbest), firma dedicada a la estructuración de proyectos inmobiliarios residenciales, fundada en 2012. Sus socios son Sebastián Budnik, Christian Cafatti y Felipe Moreno. La firma ha participado en forma directa en más de 25 desarrollos habitacionales. También ha cogestionado distintos vehículos de inversión, tanto fondos inmobiliarios públicos como privados para sus desarrollos. El litigio en el que está involucrado la empresa -que es socia de la Cámara Chilena de la Construcción- se suma a la larga lista de conflictos que han enfrentado una serie de compañías del rubro. El más relevante hasta ahora lo vive la Inmobiliaria Fundamenta: en abril pasado (y tras gastar US$ 100 millones del presupuesto de US$ 300 millones para construir una serie de edificios en el sector de Plaza Egaña), la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana -presidida por la delegada presidencial metropolitana, Constanza Martínez- rechazó la Declaración de Impacto Ambiental de la iniciativa. Esta semana, la directora ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental, Valentina Durán, revocó la determinación y le dio luz verde al proyecto, pero todavía está pendiente un fallo de la Corte Suprema. La compañía dijo que mientras eso no esté zanjado, no habrá reinicio de las obras. La intervención En el caso de Lo Barnechea, la disputa partió el 11 de marzo del año pasado, cuando la municipalidad presentó una denuncia ante la Superintendencia del Medio Ambiente en contra del proyecto de viviendas, por -según la alcaldía- estar eludiendo el sistema de evaluación. La Ley N 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente dispone que los proyectos o actividades en ella señalados, y especificados en el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, solo podrán ejecutarse o modificarse previa evaluación de su impacto ambiental a través del SEIA. La normativa señala, entre varios otros puntos, que deberán someterse al sistema los proyectos inmobiliarios que se emplacen en una superficie igual o superior a 7 hectáreas o consulten la construcción de 300 o más viviendas, entre otros puntos. El titular de un proyecto que se somete a evaluación lo hace presentando una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), proceso que se estima extraoficialmente podría durar en torno a los siete meses. No obstante, si la obra genera efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos natura les renovables, entre otras características o circunstancias de la obra, se deberá presentar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), lo que alarga los plazos de análisis por parte de la autoridad por sobre los 12 meses. A juicio del municipio de Lo Barnechea, el proyecto habitacional debió ingresar a evaluación por tratarse de una obra inmobiliaria cuyas intervenciones reales se emplazan en un sector de más de 7 hectáreas, y porque se ubica en un área colocada bajo protección oficial. No obstante, la superintendencia archivó la denuncia el 15 de septiembre de este 2022. Dijo que los hechos evidenciados no cumplen con los requisitos de ninguna de las tipologías de ingreso a evaluación. “No resulta posible concluir que el proyecto se encuentre en elusión; junto con ello tampoco se observa que le sea aplicable alguno de los instrumentos de carácter ambiental de competencia de la Superintendencia (…) no siendo posible levantar algún tipo de infracción al respecto”, dice la resolución firmada por Benjamín Muhr, fiscal (s) de la Superintendencia del Medio Ambiente. Por un lado, dijo que no puede concluirse que el Cerro del Medio sea un área protegida, por lo que, bajo este parámetro, no se puede obligar el ingreso del proyecto a evaluación. Luego, sobre la superficie donde se emplaza la obra, sostuvo: “Como el titular aportó datos que permiten definir las hectáreas que serán efectivamente intervenidas (…), al verificarse 6,83 hectáreas que serán efectivamente intervenidas (obras y acciones), se concluye que no se configura la primera parte de lo dispuesto en el subliteral h.1.3) del artículo 3° del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, ya que se trata de un proyecto inmobiliario que, si bien se encuentra en una zona declarada latente y saturada, no supera las 7 hectáreas”. Es decir, a su juicio, la obra tampoco debe ser sometida a evaluación ambiental bajo este parámetro. El impacto económico Tras el portazo de la superintendencia, el municipio de Lo Barnechea presentó una reclamación judicial ante el Tribunal Ambiental en octubre pasado. “Es grave que se altere el respectivo terreno del proyecto sin Resolución de Calificación Ambiental, debiendo tenerla. Por tanto, considerando especialmente el principio preventivo que funda el SEIA, debiera paralizarse el proyecto a la brevedad”, dijo la abogada del municipio, Natalia Alfieri. La inmobiliaria se había mantenido en silencio. Pero, este 12 de noviembre pidió al tribunal hacerse parte en la reclamación en calidad de tercero independiente. “El resultado de este juicio podría traer graves consecuencias al inmueble de Miradores de La Dehesa SpA, a la normal ejecución de los permisos pertinentes obtenidos de conformidad a la ley y a su derecho a desarrollar una actividad económica lícita, no contraria a la moral, orden público ni seguridad nacional”, argumenta el abogado de la empresa, Carlos González. Añade que, con la reclamación, se comprometen y se cuestionan los derechos de la inmobiliaria emanados de actos administrativos válidamente emitidos por el propio municipio. Dijo que, a través de un Decreto Alcaldicio, se fijó el uso de suelo del inmueble que permite su desarrollo inmobiliario, y a través de su Dirección de Obras Municipales se han dictado los instrumentos que han permitido la autorización y la ejecución del proyecto propiamente tal. “Las peticiones efectuadas en este reclamo de ilegalidad (…) implicarían decisiones públicas con un alto impacto económico y un retraso considerable en la ejecución del proyecto, y eventualmente, incluso la imposibilidad material de poder desarrollarlo”, dijo el abogado. Consultado por DF MAS, el jurista señala que la obra es de baja densidad y no contempla construcción en altura. Sostiene que el proyecto se ejecuta en la zona norte del terreno y se ha dejado la zona sur sin intervención. “Se ha utilizado un porcentaje inferior al 50% del potencial urbanístico del Lote 2 A y se han efectuado consideraciones de tipos de vivienda, altura máxima, metros construidos y superficie a ocupar, reservando la ladera sur del terreno sin desarrollar la que permanecerá sin intervención”, afirma. Además, dice que se respetó el desarrollo histórico de Lo Barnechea, que era hasta hace poco tiempo una comuna residencial de casas. “No obstante tener norma urbanística de Zona J-La Dehesa que permitía construir edificios, los propietarios limitaron el potencial de desarrollo urbanístico del terreno a la construcción de solo 54 casas emplazadas en 6,8 hectáreas”, afirmó. la salvedad que el correo Gmail desde el cual se mandó era Magdanela.Matte, así, con la “n” y “l” cambiadas de orden. La misiva iba con copia a Andrés Saenz, Andrés Volochinsky, Matías Domeyko y Oscar Hasbún, directores de Derco, Ripley, Arauco y SAAM, donde se denunciaba un ilícito: la empresa Axity, un gigante de la Tecnología de la Información, estaba sometida a una serie de investigaciones en Chile, México y Guatemala, cometía sobornos a cambios de adjudicarse proyectos y que, en definitiva, no era de fiar como proveedor. Quienes se hospedaban ese día en el hotel, según se pudo rastrear con información enviada a la Fiscalía chilena por el Departamento de Justicia de EEUU y Google, eran Karin Sufán y su marido Martín Fernández, este último CEO de la empresa de servicios tecnológicos Infosecure, que justo en ese septiembre de 2019 estaba en la recta final para adjudicarse una licitación de $ 2.000 millones para hacer de soporte del software SAP en Forestal Arauco, empresa del grupo Angelini. Y su competidor era justamente Axity (antes llamado Intellego), una firma que es parte del portafolio de Southern Cross, el fondo de inversión comandado por Norberto Morita y Raúl Sotomayor. El 28 de noviembre de ese año, Magdalena Matte, ex ministra de Vivienda, llegó a la Brigada del Cibercrimen de la PDI a denunciar la existencia de este correo: declaró que aquella casilla no le pertenecía y que ella no había enviado dicho correo. En ese momento, el penalista Carlos Cortés, que ya representaba a Axity, sumó a Matte como clienta. Lo que parecía una simple suplantación de identidad, dejó al descubierto una compleja trama que comenzó a enredarse. Ejecutivos de Arauco reenviaron a Axity el mail que por su parte ellos recibieron de “Magdanela” Matte: el objetivo era para conocer su versión sobre este asunto. Y ahí fue cuando se judicializó todo. Corría octubre y el contrato ya había sido adjudicado a Infosecure. Las formalizaciones La primera en ser formalizada por suplantación de identidad fue Karin Sufán, la cónyuge del CEO de Infosecure, Martín Fernández, quien además se desempeñaba como Digital Marketing Manager de la empresa tecnológica. Se le responsabilizó porque la dirección IP del usuario que creó la cuenta de Gmail le correspondía a ella. Su defensa ha descartado aquella información: entre sus pruebas cuenta con un oficio de VTR en el que la firma asegura que ella no tenía el servicio contratado (la cuenta de Gmail se hizo desde un computador con contrato VTR). Sin embargo, meses de investigación después, la Fiscalía decidió formalizar a su marido, Martín Fernández, como autor del delito de usurpación de identidad. Aquello iba a ocurrir el 8 de noviembre, pero una mala conexión a internet no permitió llevar a cabo la audiencia, y fue reagendada para este martes 22 de noviembre a las 12:00 horas. Ese día, la fiscal Constanza Encina, de la unidad de Alta Complejidad Oriente, lo formalizará por el artículo 214 del Código Penal: “El que usurpare el nombre de otro será castigado con presidio menor en su grado mínimo, sin perjuicio de la pena que pudiere corresponderle a consecuencia del daño que en su fama o intereses ocasionare a la persona cuyo nombre ha usurpado”. Por la trascendencia del caso para esta empresa es que el matrimonio Fernández con todo lo que se le ha pedido en la investigación. La formalización que viene A tres años del caso, Axity recuperó el contrato con Arauco y Southern Cross siguió como accionista. En cambio, para Infosecure, sí habría tenido efectos en ciertos contratos que no continuaron. Ello explicaría la importancia para la empresa de este caso y el blindaje judicial que armaron. Una condena para el CEO de la compañía por fraude, enlodaría la imagen de la firma. Sin embargo, dicho delito no será parte de la formalización de este martes de Fernández, sino que solo lo será por usurpación de identidad de Magdalena Matte. Aunque la defensa de Infosecure pidió sobreseer la investigación por fraude, la Fiscalía podría no acceder, ni menos el Tribunal. Por su parte, los asesores legales de Sufán y Fernández se han mostrado confiados en que la arista usurpación tampoco prosperará. Primero, porque ambos dicen que no mandaron ese correo, y en el caso de que lo hayan enviado, eso fue desde Estados Unidos, por lo que no hay jurisdicción de tribunales chilenos sobre el caso. Lo que sí podría suceder ahora es que Axity busque recuperar el daño patrimonial que dicho correo significó para ellos, que aunque haya sido acotado hasta que el caso dejara evidencia de la falsedad del mismo, sí provocó daños en algún momento. Y ese dinero lo quieren recuperar. El martes 22, a las 12 del día, será el nuevo episodio de este caso.

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