Señora Directora:

La agenda pro-inversión recientemente presentada por el Gobierno se compone de un paquete de medidas acotadas, enfocadas en el corto plazo y que responden al escenario económico regresivo que se proyecta para el último trimestre de este año y el 2023. En lo grueso, van en el sentido correcto, pero también es evidente que ellas pudieron haber sido más profundas.

A la espera de conocer cómo se implementarán (Hacienda todavía no ingresa las indicaciones), las medidas no apuntan el fondo del asunto: la tendencia a la baja de la inversión (se proyecta que caiga en un 4% en 2023).

Sin embargo, en el ámbito tributario hay elementos positivos, como que el alza del impuesto de primera categoría para PYME sea gradual (actualmente ellas están afectas a una tasa del 10%). La propuesta establece un 2023 de transición con una tasa del 15%, el 2024 con un 20%, para alcanzar el 25% en 2025.

Otros puntos vinculados directamente con la reforma tributaria son la eliminación del Exit

Tax, esto es, un impuesto al patrimonio de un 5% a las personas que pierdan su domicilio en Chile; gradualidad en la limitación al uso de las pérdidas tributarias, depreciación semi-instantánea durante 2023 y la eliminación de las modificaciones que limitaban la rebaja del gasto en contratos de leasing. La señal es que se reconoce el escenario adverso que enfrentamos.

La agenda pro-inversión demuestra que las circunstancias y la contingencia han cambiado las prioridades de corto plazo de Hacienda. Y en ese contexto, el ámbito tributario es un punto central sobre el cual el Gobierno, que posee la iniciativa exclusiva, tiene mucho que decir y mucho que poder hacer.

ANDRÉS OSSANDÓN SOCIO PRÁCTICA TRIBUTARIA DE ARTEAGA GORZIGLIA ABOGADOS